El sábado recién pasado, el Papa Francisco aceptó la renuncia del ahora arzobispo emérito de Santiago Ricardo Ezzati, a quien la fiscalía investiga por el eventual encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Ayer, cuatro días después, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió de manera unánime la demanda de los tres denunciantes de Fernando Karadima —James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo— contra el Arzobispado de Santiago y les otorgó una indemnización que suma $300 millones. Pedían una reparación de $450 millones, sin embargo, no recurrirán al máximo tribunal y tampoco lo hará el Arzobispado. La sentencia dejó conforme a ambas partes.

'Nos hemos enterado del fallo que condena a la Iglesia Católica chilena a indemnizarnos por delitos civiles de encubrimiento de los abusos cometidos por el exsacerdote Karadima', leyó Hamilton en nombre de los tres durante una conferencia de prensa (ver recuadro). Mientras que el Arzobispado, mediante una comunicación pública, manifestó su 'conformidad con el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago' y afirmó que 'confía en que esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima'.

Relación causal en el daño

Una de las primeras conclusiones a las que arriban los ministros Miguel Vázquez, Javier Moya y el abogado integrante Jaime Guerrero es que 'la Iglesia conocía de las denuncias, al menos desde el año 2003, que el año 2006 ordenó paralizar la investigación y la retomó solo al año 2009, que decidió mantener el libre ejercicio sacerdotal de Karadima y, finalmente, que no prestó amparo y auxilio alguno a los demandantes de autos, sino una vez que los hechos se hicieron públicos y notorios'.

Y como segundo punto, que hubo una 'relación causal entre el hecho propio del actuar de la Iglesia y el daño provocado a las víctimas', porque —agrega— 'de haberse actuado con la debida diligencia (...) las consecuencias perniciosas de los abusos y del abandono en que quedaron se hubieran visto aminoradas y no amplificadas como en la realidad ocurrió y resultó establecido al ponderar las pruebas que obran en el proceso (...) con su desidia mantuvo en la impunidad al abusador'.

El informe y las cartas del Papa

Los jueces tuvieron en especial consideración un informe psicológico, de 2015, anexado al expediente, que es 'suficiente para formar convencimiento' respecto de que 'la negligencia en la investigación del abuso que se hizo desde las instancias oficiales de la Iglesia Católica tuvo gran impacto sobre las víctimas cuando las autoridades institucionales descartaron la denuncia en lugar de considerar la posibilidad de examinar si tenía algún elemento de verdad, protegiendo con su inactividad a los abusadores como si ellos fueran víctimas de una infamia'.

También mencionan dos comunicaciones del Papá Francisco: 'El Santo Padre tuvo duros epítetos llegando a afirmar públicamente que había una cultura de encubrimiento'. Una de ellas, la carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile del 31 de mayo de 2018 y, la otra, la carta a los Obispos de Chile del 8 de abril del mismo año, en las que menciona la visita de su enviado Charles Scicluna, el informe que recibió y sus posteriores reuniones con denunciantes locales, expresando —entre otras cosas— 'el ‘nunca más' a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento'.

Un encubrimiento civil, según la Corte

La acepción de la palabra encubrimiento que toman los demandantes, explica la Corte, respecto del comportamiento de los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati y de otras autoridades eclesiásticas, es 'hacerse responsable de encubrimiento de un delito'. Pero en términos penales el encubrimiento está tratado en el Código Penal como una forma de participación criminal, con posterioridad a la comisión de un ilícito penal' y esa norma exige modos de intervención respecto de los que 'no hay antecedentes suficientes en esta causa'.

'La determinación de esta manera de intervenir en un delito debe ser resuelta en la sede penal correspondiente', dicen los jueces, recordando que en la causa que se instruyó por la ministra Jéssica González se determinó la autoría de Karadima en los abusos denunciados, aunque debió ser sobreseída por prescripción, 'por lo que los actos de encubrimiento, de haber existido, siguen su misma suerte'

Por ello, en opinión de la Corte 'los hechos por los cuales se ha demostrado la responsabilidad de la demandada (la Iglesia) solo alcanzan a actos u omisiones negligentes culposos'.